ARTÍCULO 1o. La muerte de quienes desaparecieron como consecuencia de la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, D.E., ocurrida el 6 de noviembre de 1985 y de la actividad volcánica del Nevado del Ruiz desarrollada el 13 del mismo mes y año, será declarada mediante Proceso especial de conformidad con el siguiente procedimiento:

1.- La persona que tenga interés legítimo, directamente o a través de apoderado a partir de la vigencia de este Decreto y sin sujeción al término establecido en el artículo 97 del Código Civil, podrá presentar ante el juez civil municipal competente en los términos de este Decreto, o ante el juez municipal de su domicilio, la denuncia sobre el desaparecimiento, anexando de ser posible, el registro civil de nacimiento, el documento de identidad o de cualquiera otra naturaleza expedido por autoridad competente que pueda servir de prueba indiciaria para establecer la existencia del desaparecido y además prueba sumaria sobre la presencia de éste en el lugar de la tragedia.

Cuando la persona con interés legítimo sea menor de edad y sus representantes legales no se encuentren o figuren como desaparecidos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asumirá la representación legal para adelantar este procedimiento.

2.- La autoridad ante quien se presente la denuncia, la remitirá de inmediato al juez civil municipal a que se refiere el artículo 4o. de este Decreto, reparto, para su trámite.

3o. Recibida la denuncia, el juez competente avocará el conocimiento del proceso y dispondrá, dentro de los dos días siguientes a su recibo, el emplazamiento del desaparecido mediante edicto que se fijará por quince (15) días en la Secretaría del Despacho y se publicará por una vez en un periódico de amplia circulación nacional.

4.- Vencido el término previsto en el numeral anterior, se decretará y ordenará la práctica de las pruebas conducentes a establecer la existencia del desaparecido y las de aquellas otras que permitan concluir que éste fue víctima del desastre.

5.- Vencido el término previsto en el numeral anterior, se decretará y ordenará la práctica de las pruebas conducentes a establecer la existencia del desaparecido y las de aquellas otras que permitan concluir que éste fue víctima del desastre.

El término probatorio para practicar las pruebas a que se refiere el presente numeral, será de veinte días, contados a partir del auto que las decrete, prorrogable por razones de fuerza mayor o caso fortuito, por una sola vez hasta por otros veinte días. También podrá prorrogarse el término probatorio cuando el funcionario deba desplazarse para practicar pruebas a un lugar diferente al del perímetro urbano del Municipio sede del juzgado.

6.- Cuando fuere necesario practicar pruebas en otros municipios, el funcionario competente podrá comisionar al Juez Municipal del lugar en donde éstas deban practicarse. En este caso, el período probatorio se aumentará en tres días. El comisionado practicará las pruebas solicitadas en un término máximo de cinco días, contados a partir de la fecha de recibo del oficio comisorio.

7.- Agotada la etapa probatoria, dentro de los cinco (5) días siguientes a su vencimiento, si se ha probado la existencia y desaparición de la persona en la tragedia, el Juez la declarará legalmente muerta en providencia motivada.

La sentencia señalará el seis (6) y el trece (13) de noviembre de 1985, según el caso, como fecha de la muerte del desaparecido.

Si la sentencia negare las pretensiones de la demanda, podrá interponerse contra ella el recurso de apelación ante el respectivo tribunal dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

8.- El encabezamiento y la parte resolutiva de la providencia que declare legalmente muerta a una persona deberán publicarse en forma gratuita por dos veces en un medio de comunicación escrita, hablada o audiovisual de amplia circulación nacional.

9.- La ejecutoria de la providencia del Proceso Especial se cumplirá quince (15) días después de su publicación o notificación, según el caso. Para tal efecto, en el primero evento, el interesado presentará al juzgado respectivo copia o constancia auténtica de la publicación.

10. Ejecutoriada la sentencia declarativa de muerte, se ordenará su protocolización en una notaría del círculo respectivo y su inscripción en el Libro de Registro Civil pertinente, todo lo cual se hará dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la providencia y sin costo para el interesado.

11.- De igual manera, ejecutoriada una providencia que declare la muerte por desaparecimiento, el juez librará las comunicaciones necesarias para el cumplimiento de los artículos 79 y 81 del Decreto 1260 de 1970.

PARÁGRAFO: Podrán tenerse como medios de prueba para establecer la existencia legal del desaparecido, entre otros los documentos que reposen en los archivos de las autoridades nacionales, departamentales, distritales, municipales, Intendenciales y Comisariales, entregados por éste o recopilados por las entidades públicas para el trámite de las empresas de servicios públicos, los de las entidades de carácter oficial, semioficial y privado y los que estén en las actas eclesiásticas. La entidad que sea requerida para suministrar la información o el envío de copia de documentos estará sujeta al término perentorio señalado en el numeral sexto de este artículo para los funcionarios comisionados.

ARTÍCULO 2o. Si en cualquier estado del proceso se presentare el presunto desaparecido, éste podrá pedir al juez del conocimiento la terminación del proceso, quien decidirá sobre el asunto con fundamento en prueba sumaria de que se trata de la misma persona, en un término máximo de cinco (5) días hábiles.

Quien tuviere conocimiento de la supervivencia del presunto desaparecido, podrá manifestarlo al juez del conocimiento en cualquier estado del proceso bajo la gravedad del juramento. La respectiva comprobación se hará mediante trámite incidental y la decisión se tomará en la sentencia.

Si con posterioridad a la providencia declarativa de la muerte de una persona, ésta apareciere o se tuviere conocimiento de su supervivencia, dicha persona o quien demostrare tener interés legítimo podrá solicitar ante el mismo funcionario que profirió la providencia, su rescisión. Si ya ha vencido el período de funcionamiento de los juzgados creados por este Despacho podrá solicitarse la rescisión de la sentencia ante el juez civil del circuito competente.

ARTÍCULO 3o. El incumplimiento de cualquiera de los términos establecidos en los artículos anteriores será causal de mala conducta y se sancionará de conformidad con las normas disciplinarias sobre la materia, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 4o. Con la finalidad exclusiva de adelantar el Proceso Especial señalado en los artículos anteriores, para los desaparecidos en la tragedia del Nevado del Ruiz, créanse por el término de veinticuatro (24) meses contados a partir del primero de enero de 1986 cuatro juzgados civiles municipales. Estos despachos tendrán jurisdicción en todo el territorio nacional y serán radicados por el Ministerio de Justicia de acuerdo con las necesidades del servicio para el cual son creados.

ARTÍCULO 5o. La declaratoria de la muerte de los desaparecidos en la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, corresponderá a los jueces civiles municipales de esta ciudad, mediante el Proceso Especial consagrado en el presente Decreto.

ARTÍCULO 6o. Los Juzgados creados en el artículo anterior tendrán la siguiente composición de personal y su elección, nombramiento, posesión y remuneración se regirán por las normas vigentes sobre la materia:

Grado

Un Juez Municipal 15

Un Secretario Judicial   9

Un Sustanciador   7

Un Escribiente   4

Un Notificador   3

PARÁGRAFO. El nombramiento de los jueces de que trata el presente artículo se hará dentro de loa diez días siguientes a la vigencia del presente Decreto, así: uno por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, y, tres para el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. El nombramiento del personal subalterno se hará por el respectivo juez dentro de los dos días siguientes a su posesión.

ARTÍCULO 7o. Los juzgados creados por este Decreto deberán ser dotados de los elementos e implementos necesarios para su funcionamiento por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, en un plazo máximo del Ministerio de Justicia, en un plazo máximo de cinco (5) días, contados a partir de la posesión del respectivo juez.

ARTÍCULO 8o. Los procesos que se encuentran en trámite al vencerse el período de los juzgados civiles municipales aquí creados pasarán en el estado en que se encuentren al juzgado civil del circuito de deba conocer por competencia, quien continuará el diligenciamiento con sujeción al procedimiento consagrado en este Decreto.

ARTÍCULO 9o. En lo no previsto en este estatuto se aplicará lo dispuesto en los Códigos Civil y de Procedimiento Civil en cuanto sea compatible con el régimen de excepción aquí consagrado.

ARTÍCULO 10. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.