Bogotá D.C., 17 de junio de 2026. (Prensa Cámara). La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declara como día festivo nacional la conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. La iniciativa, que avanza hacia su entrada en vigencia, permitirá que el país cuente con un nuevo festivo en el calendario nacional, alcanzando un total de 19 días festivos al año.

El proyecto fue impulsado por el representante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Castellanos, quien destacó que esta medida constituye un reconocimiento a la importancia histórica, cultural y religiosa que tiene la Virgen de Chiquinquirá para millones de colombianos.

Durante el trámite legislativo se resaltó que la imagen de la Virgen fue proclamada como Patrona de Colombia por el entonces presidente de la República, Marco Fidel Suárez, convirtiéndose desde entonces en un símbolo de unidad, fe y tradición para numerosas generaciones de colombianos.

La nueva ley reconoce la relevancia que tiene el Santuario Mariano Nacional de Chiquinquirá como lugar de peregrinación y encuentro para miles de fieles provenientes de diferentes regiones del país, quienes cada año visitan la basílica para participar en actividades religiosas y culturales.

Además de su componente conmemorativo, la iniciativa contempla mecanismos para promover inversiones destinadas al fortalecimiento de la infraestructura de la región. Entre las acciones previstas se encuentran proyectos de mejoramiento de la red vial del occidente de Boyacá y el fortalecimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado del municipio de Chiquinquirá, con el propósito de atender de manera adecuada el creciente número de visitantes y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El representante a la Cámara Eduard Triana, oriundo de esta zona del departamento, destacó que la creación de este nuevo festivo tendrá efectos positivos en la economía regional y nacional.

Según explicó el congresista, la medida contribuirá al fortalecimiento del turismo religioso, impulsará sectores como el comercio, el hotelería, el transporte y la gastronomía, y generará nuevas oportunidades para los emprendedores y empresarios que desarrollan sus actividades alrededor de esta importante celebración.

La conmemoración se realizará oficialmente cada 9 de julio, fecha tradicionalmente dedicada a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Sin embargo, en aplicación de la Ley Emiliani, la celebración festiva se trasladará al lunes siguiente para favorecer los puentes festivos y fomentar la movilidad turística. Por esta razón, el nuevo día festivo se estrenará el próximo 13 de julio, cuando se llevarán a cabo actividades religiosas, culturales y recreativas en el municipio de Chiquinquirá y en otros lugares del país donde existe una profunda devoción por la patrona de los colombianos.

Con la aprobación de esta iniciativa, el Congreso de la República busca preservar y fortalecer una de las expresiones de tradición y patrimonio más representativas del país, al tiempo que impulsa estrategias para el desarrollo económico y turístico de las regiones.

Fuente: Ricardo Cáceres Acosta – Oficina de Información y Prensa.

Bogotá D.C., 17 de junio de 2026 (Prensa Cámara). En una decisión unánime, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley que fortalece las medidas penales contra el reclutamiento, uso, utilización y explotación de menores de edad por parte de grupos armados organizados y estructuras criminales.

La iniciativa, de autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, quedó a un paso de convertirse en Ley de la República, pues únicamente requiere la sanción presidencial para entrar en vigencia. El articulado contempla penas de hasta 45 años de prisión para quienes incurran en estas conductas, sin posibilidad de beneficios judiciales relacionados con rebajas de pena, además de sanciones económicas ejemplares.

El proyecto busca reforzar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes frente a uno de los delitos que más afecta a las comunidades en los territorios donde persisten los conflictos armados y la presencia de organizaciones ilegales. De esta manera, el Estado contará con herramientas más contundentes para perseguir y sancionar a quienes vulneren los derechos fundamentales de la niñez.

La representante Ana Paola García, ponente de la iniciativa, destacó la importancia de que las autoridades judiciales y los organismos de investigación apliquen rigurosamente las disposiciones contenidas en la nueva ley para garantizar que los responsables reciban castigos proporcionales a la gravedad de sus acciones.

“Con esta iniciativa enviamos un mensaje claro de protección a la infancia colombiana. Ningún niño o niña debe ser arrancado de su hogar, de su escuela o de su proyecto de vida para ser utilizado por organizaciones criminales. El Estado debe actuar con toda la contundencia de la ley”, señaló la congresista.

Además del endurecimiento de las penas, la norma incorpora medidas de prevención orientadas a reducir los factores de riesgo que facilitan el reclutamiento de menores. En ese sentido, el Gobierno Nacional deberá promover programas especiales en instituciones educativas y sus entornos, fortalecer campañas de sensibilización y coordinar acciones interinstitucionales para identificar oportunamente situaciones de amenaza contra la niñez.

Igualmente, se establece el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y atención por parte de las autoridades competentes, con el propósito de brindar protección inmediata a los menores que se encuentren en riesgo de ser reclutados o instrumentalizados para actividades ilícitas.

Con la aprobación de este proyecto, el Congreso de la República ratifica su compromiso con la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y con la construcción de entornos seguros que les permitan desarrollarse plenamente, lejos de cualquier forma de violencia, explotación o utilización por parte de grupos armados ilegales.

Fuente: Ricardo Cáceres Acosta – Oficina de Información y Prensa.

Bogotá D.C., 16 de junio de 2026. (Prensa Cámara). Ante las reiteradas denuncias por retrasos en el pago de cuentas de cobro a contratistas del Estado, la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca garantizar que estos pagos se realicen de manera ordenada, transparente y conforme al orden de radicación de las solicitudes.

La iniciativa surge como respuesta a las quejas presentadas por contratistas sobre presuntas irregularidades en los procesos de desembolso, situaciones que, según sus promotores, han propiciado prácticas indebidas para acelerar los pagos.

La presidenta de la Comisión Cuarta, la representante Liliana Rodríguez, explicó que el proyecto busca cerrar espacios a la corrupción y brindar mayores garantías a quienes prestan sus servicios al Estado.

“Con esta iniciativa queremos contrarrestar prácticas irregulares que han sido denunciadas en distintas entidades públicas, donde algunos contratistas se ven presionados a entregar dádivas o pagos ilegales para agilizar el trámite de sus cuentas. Lo que buscamos es establecer reglas claras y transparentes que permitan a las autoridades actuar de manera efectiva frente a estos hechos y proteger los recursos públicos”, señaló la congresista por Cundinamarca.

Por su parte, el representante Jairo Cala, del partido Comunes, destacó que la propuesta establece un procedimiento objetivo para la recepción, trámite y pago de las cuentas de cobro, eliminando la discrecionalidad que podría dar lugar a conductas indebidas.

“Esta norma permitirá que exista un orden claro en la radicación y pago de las cuentas, evitando privilegios o tratos preferenciales. Además, busca que tanto quienes soliciten como quienes acepten pagos irregulares para acelerar estos procesos enfrenten las respectivas sanciones disciplinarias y penales”, afirmó el congresista.

De convertirse en ley de la República, el proyecto establecerá mecanismos de control y seguimiento para garantizar el cumplimiento del orden de pago y fortalecer la transparencia en la contratación pública, contribuyendo a prevenir posibles hechos de corrupción en la administración de los recursos del Estado.

Fuente: Ricardo Cáceres Acosta – Oficina de Información y Prensa.

Bogotá 12 de junio de 2026 (Prensa Cámara). Con el propósito de promover el diálogo y la construcción de propuestas que contribuyan a la protección efectiva de los Derechos Humanos, se llevó a cabo en la Cámara de Representantes, la Audiencia Pública sobre Logros y desafíos para el impulso de un tratado vinculante en materia de empresas y Derechos Humanos.

Durante la jornada, los participantes analizaron los avances alcanzados en el escenario internacional para la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante que establezca obligaciones claras para las empresas en materia de respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos, así como mecanismos efectivos de prevención, vigilancia, reparación y acceso a la justicia para las víctimas de posibles vulneraciones.

La audiencia también permitió identificar los principales retos que enfrentan los Estados para avanzar en la consolidación de este tratado, especialmente en contextos donde comunidades, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han denunciado impactos derivados de determinadas actividades económicas.

El representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, destacó la importancia de fortalecer los marcos normativos internacionales para garantizar que el desarrollo económico vaya de la mano con la protección de los derechos fundamentales.

«La construcción de un tratado vinculante en materia de empresas y Derechos Humanos representa una oportunidad histórica para fortalecer la responsabilidad empresarial y garantizar mecanismos efectivos de protección y reparación para las comunidades afectadas. El crecimiento económico no puede estar desligado del respeto irrestricto a la dignidad humana y a los Derechos Humanos», afirmó el congresista.

Asimismo, señaló que Colombia debe continuar participando activamente en los escenarios internacionales donde se discute este instrumento, aportando desde su experiencia en la defensa de los Derechos Humanos y la construcción de paz territorial.

Los asistentes coincidieron en la necesidad de consolidar estándares internacionales más robustos que permitan prevenir abusos, fortalecer la debida diligencia empresarial y garantizar que las actividades económicas se desarrollen bajo principios de sostenibilidad, transparencia y respeto por los derechos de las personas y los territorios.

La Audiencia Pública se constituyó en un espacio de reflexión y articulación entre diversos sectores, reafirmando el compromiso del Congreso de la República con la promoción y defensa de los Derechos Humanos, así como con el impulso de iniciativas que contribuyan a una economía más justa, responsable y respetuosa de la dignidad humana.

Fuente: Oficina de Prensa Cámara de Representantes

Bogotá, 11 de junio de 2026 (Prensa Cámara). El Congreso de la República dio un paso histórico para el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país con la aprobación de la Ley Nuclear, una iniciativa que recibió respaldo unánime durante sus cuatro debates legislativos.

La nueva normativa establece un marco legal para impulsar el desarrollo, la investigación y la aplicación de tecnologías nucleares con fines exclusivamente pacíficos, promoviendo el acceso a herramientas fundamentales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como para el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas nacionales.

La representante a la Cámara María del Mar Pizarro, una de las principales impulsoras de la iniciativa, destacó la importancia de este logro para el futuro del país.

«Hoy hicimos historia. Colombia cuenta con una Ley Nuclear construida con consenso y visión de futuro. Fueron cuatro debates y cuatro votaciones unánimes que reflejan la importancia de avanzar hacia la soberanía en radiofármacos y en tecnologías nucleares con fines pacíficos. Esta ley permitirá fortalecer nuestras capacidades científicas, reducir dependencias externas y poner la innovación al servicio de la vida y del desarrollo nacional», afirmó la congresista.

Colombia contará por primera vez con una legislación integral en materia nuclear, capaz de abrir nuevas oportunidades científicas y médicas, sin perder de vista la protección de la ciudadanía y el ambiente.

Durante décadas, Colombia importó radiofármacos a costos elevados y con suministros inciertos, dependiendo de cadenas internacionales frágiles para tratar una de las enfermedades más devastadoras. Eso cambió hoy

La Ley Nuclear busca consolidar las capacidades institucionales y técnicas del país en materia nuclear, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares internacionales de seguridad y promoviendo el uso responsable de estas tecnologías para beneficio de la población.

Con esta aprobación, Colombia da un paso estratégico hacia la modernización de su infraestructura científica y tecnológica, fortaleciendo su autonomía en áreas clave para la salud pública, la investigación y el desarrollo sostenible.

Fuente: Oficina de Prensa Cámara de Representantes

Bogotá, 11 de junio de 2026 (Prensa Cámara). El proyecto representa un avance para el fortalecimiento de estos medios de comunicación, reconociendo su papel en la difusión del conocimiento, la cultura, la ciencia y la educación en todo el territorio nacional.

La iniciativa busca brindar mayores herramientas para la consolidación y sostenibilidad de estos medios, permitiéndoles ampliar sus oportunidades de crecimiento, fortalecer sus capacidades de producción y continuar desarrollando contenidos educativos, culturales y científicos de interés público.

“Los canales universitarios cumplen una función fundamental en la democratización del conocimiento, la promoción de la cultura y la difusión de la investigación. Con esta iniciativa buscamos brindarles herramientas para fortalecer su sostenibilidad y ampliar su impacto en los territorios”, afirmó la representante a la Cámara Marelen Castillo Torres, autora de la iniciativa. Esta idea coincide con los objetivos expuestos por la congresista durante la presentación y socialización del proyecto.

Además, estos canales se han consolidado como espacios fundamentales para la divulgación del conocimiento, la promoción de la investigación, la difusión de expresiones culturales y la construcción de ciudadanía. A través de sus contenidos, conectan a las instituciones de educación superior con millones de colombianos, contribuyendo a la democratización de la información y al acceso al aprendizaje.

De convertirse en ley, el proyecto representará un respaldo significativo al ecosistema de medios universitarios del país, fortaleciendo su misión de servicio público y su aporte a la formación, la innovación y el desarrollo social.

Con este avance legislativo, Colombia da un paso importante hacia el reconocimiento y fortalecimiento de los medios universitarios como actores estratégicos para la educación, la cultura y la construcción de una sociedad más informada y participativa.

Fuente: Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes

Bogotá D.C. 4 de junio de 2026 (Prensa Cámara),  El propósito de la iniciativa es fomentar la productividad y competitividad del sector y establecer herramientas de apoyo cuando los precios caigan a niveles que afecten la rentabilidad de los cultivadores. El fondo sería de naturaleza pública y adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Según la ponencia aprobada en tercer debate, los productores estarían cubiertos frente a la caída de precios, pues el fondo activa mecanismos de compensación para reducir las pérdidas; previene además las protestas y bloqueos de los trabajadores asociadas a las caídas de precios que disminuirían si existe un mecanismo permanente de estabilización.

Por su parte los consumidores tendrían un sector arrocero más estable que ayuda a mantener la producción nacional y la seguridad alimentaria y aunque el fondo no busca fijar precios al consumidor, si puede contribuir a evitar alzas extremas en los precios.

El proyecto tiene previsto utilizar recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, aportes del sector y cooperación internacional para garantizar que el fondo funcione correctamente; si la crisis de alza en los precios del arroz es prolongada, el costo puede ser sustancial para el Estado, especialmente en períodos de alta producción.

Uno de los ponentes de la iniciativa el representante Vladimir Olaya Mancipe, del partido Centro democrático por el departamento de Casanare, sostuvo que la ley permitirá un precio estable del arroz y un plan de salvaguarda en los tratados de libre comercio para que la producción y almacenamiento tengan precios estables.

EL representante Gabriel Parrado, del partido Pacto Histórico por el departamento del Meta, dejó constancia que el gremio de los arroceros de su departamento quiere saber quiénes serían los inversionistas del fondo y quiénes sus beneficiarios, de tal manera que se evite un manejo burocrático, como el de otros fondos que, según el congresista, benefician a los industriales y no a los pequeños productores.

Al proyecto le resta solo el debate en Plenaria de Cámara para convertirse en Ley. 

Fuente: Oficina de Información y Prensa, Cámara de Representantes