El expediente del proceso puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j18pccbt_cendoj_ramajudicial_gov_co/IgB7S94w6-uNSr1LanVeiJ68ARYdjUHrDm1r_srRMIly38w?e=ZKJ913

En constancia se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

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Tutela 2026 00204 (Ver Documento)

Tutela Francisco Jose Escudero Rivero (ver Documento)

Bogotá, 20 de mayo de 2026 (Prensa Cámara). La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes realizó un debate de control político para analizar las garantías electorales y las condiciones de seguridad, libertad política y protección de los derechos humanos en el marco de la contienda presidencial de 2026.

Durante la jornada participaron entidades del Gobierno nacional, organismos electorales y autoridades encargadas de la seguridad y protección de líderes políticos y sociales, con el propósito de evaluar los riesgos que podrían afectar el desarrollo democrático en diferentes regiones del país.

El representante a la Cámara Duvalier Sánchez, del Partido Verde, advirtió sobre la necesidad de actuar de manera preventiva frente a las amenazas contra la participación política y la violencia electoral.

“Las elecciones de 2026 deben desarrollarse con plenas garantías democráticas. No podemos permitir que el miedo, la violencia o la intimidación limiten la participación política de ningún sector del país”, señaló el congresista.

En el debate también se expusieron alertas relacionadas con la presencia de grupos armados, la estigmatización política y las amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, especialmente en territorios históricamente afectados por el conflicto.

“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar elecciones libres, transparentes y seguras para toda la ciudadanía. La democracia se protege fortaleciendo los derechos humanos y las libertades políticas”, agregó Duvalier Sánchez.

Por su parte, la Registraduría Nacional reiteró su compromiso con la transparencia electoral y aseguró que viene articulando acciones institucionales para fortalecer la seguridad y la confianza ciudadana de cara al proceso presidencial de 2026.

La Comisión de Derechos Humanos anunció que continuará realizando seguimiento a las alertas y a las medidas adoptadas por las diferentes entidades del Estado para garantizar un proceso electoral seguro y con plenas garantías democráticas.

Fuente: Ma. Luisa Barrera- Oficina de Prensa Cámara

Bogotá, 20 de mayo de 2026 (Prensa Cámara). La adición aprobada en primer debate en Comisiones Conjuntas posibilitará la atención de más de 1 millón 600 mil niños menores de cinco años, 71 mil adolescentes en procesos de restablecimiento de derechos y cerca de 5 mil niños con discapacidad en centros de apoyo a la inclusión.

La representante a la Cámara del Partido de la U, Saray Robayo Bechara, pidió a las Comisiones Económicas del Congreso continuar respaldando la adición presupuestal por $500 mil millones para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), aprobada en primer debate advirtiendo que sin estos recursos la atención de más de 1,8 millones de niños, niñas y adolescentes podría interrumpirse desde septiembre.

Durante su intervención en las Comisiones Económicas, la congresista explicó que esta adición no busca ampliar cobertura, sino garantizar la continuidad de programas esenciales para la niñez colombiana.

Robayo Bechara señaló que el ICBF inició 2026 con una reducción de $213 mil millones en su presupuesto de inversión, mientras enfrenta mayores costos por inflación y aumento salarial.La representante destacó además que los recursos provienen de fuentes propias del ICBF y cuentan con respaldo técnico y financiero del Ministerio de Hacienda.

Asimismo, resaltó que el Instituto alcanzó en 2025 una ejecución histórica del 99,7% en compromisos y 97,3% en ejecución real, demostrando capacidad de gestión y necesidad de garantizar continuidad.

“Defender esta adición es defender la alimentación, el cuidado y la protección de los niños más vulnerables de Colombia. También es respaldar el trabajo de miles de madres comunitarias y agentes educativos”, concluyó.

Fuente:  Oficina de Prensa representante Saray Robayo

Bogotá, 19 de mayo de 2026 (Prensa Cámara). Con una alarmante cifra de más de 500 días de espera judicial para resolver un proceso de alimentos y deudas que ascienden hasta 22 millones de pesos por deudor de alimentos, la crisis del cuidado en Colombia exige medidas urgentes.

Esta problemática afecta de manera desproporcionada a las mujeres, quienes representan el 92% de los procesos iniciados por inasistencia alimentaria, en contraste a un escaso 8% de los procesos promovidos por hombres, evidenciando una profunda brecha de género y una alarmante situación de violencia económica contra las madres custodias.

Ante este panorama crítico, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó con éxito en primer debate el proyecto de Ley Estatutaria sobre el Amparo Alimentario o Cuota Alimentaria, presentado por su única ponente, la representante tolimense Delcy Isaza.

La iniciativa busca transformar radicalmente el panorama actual, implementando un proceso más rápido y sencillo para garantizar el derecho de alimentos de manera oportuna y eficientes los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, otorgándole herramientas al sistema judicial para combatir los evasores.

en atención a la importancia del proyecto que busca amparar los derechos de los más vulnerables la comisión acordó para segundo debate conformar un grupo de ponentes bajo la coordinación de la Representante Delcy Isaza estableció una célula de trabajo orientada precisar la redacción del articulado.

Con esta aprobación por parte de la Comisión Primera en pleno, el proyecto liderado por la representante Isaza, avanza a su último debate como la respuesta institucional más contundente en años para frenar el histórico abandono económico que sufren miles de familias en el país.

Fuente: Prensa representante Delcy Isaza

Resolución

​Ibagué Tolima, 14 de mayo de 2026. (Prensa Cámara). La Representante a la Cámara y ponente, Delcy Isaza, encabeza hoy en Ibagué una audiencia pública crucial para la socialización del Proyecto de Ley No. 502 de 2025, que reforma la Ley de Competencias y los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).

Esta iniciativa legislativa tiene como eje central otorgar autonomía real a las regiones, transformando la estructura de competencias y recursos para que los entes territoriales dejen de depender de las decisiones del centro y cuenten con la capacidad financiera directa para resolver las brechas en educación, salud y servicios públicos.

​Bajo la estrategia de «trasladar el Congreso a los territorios», la Representante Isaza busca que las leyes no se dicten desde la distancia, sino que se construyan con base en las exigencias del Tolima. El objetivo es consolidar una descentralización efectiva donde el departamento y sus municipios tengan el poder de decisión sobre sus propios recursos, garantizando que el marco legal responda a las necesidades reales y actuales de todos los colombianos desde sus regiones.

Fuente: Prensa Representante a la Cámara Delcy Isaza,

Bogotá, 14 de mayo de 2026 (Prensa Cámara). Esta iniciativa del gobierno modifica normas relacionadas con la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía “Caja Honor”, con el objetivo de modernizar su funcionamiento, fortalecer su sostenibilidad financiera y ampliar las herramientas para facilitar el acceso a vivienda de integrantes de la Fuerza Pública y personal afiliado. La propuesta ahora deberá surtir su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

El proyecto contempla modificaciones al Decreto Ley 353 de 1994 y a las leyes 973 de 2005 y 1305 de 2009, permitiendo que Caja Honor amplíe su capacidad de operación financiera, participe en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y fortalezca los mecanismos de financiación destinados a soluciones de vivienda para militares, policías y personal civil vinculado al sector Defensa. Además, mantiene las funciones de administración de cesantías y busca garantizar la sostenibilidad de los subsidios de vivienda que entrega la entidad.

La representante Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, destacó la necesidad de fortalecer una entidad fundamental para miles de familias de la Fuerza Pública, garantizando mayores capacidades financieras y mejores herramientas para seguir apoyando el acceso a vivienda digna. Así mismo, sostuvo que “la iniciativa responde a la necesidad de actualizar las herramientas institucionales de Caja Honor frente a los desafíos actuales del sector vivienda y las necesidades de los miembros de la Fuerza Pública”.

Fuente: Lyz Catherinn Osorio Rodríguez- Prensa Cámara de Representantes

Bogotá, 13 de mayo de 2026. (Prensa Cámara). Según Confecámaras, seis de cada diez micro y medianas empresas, son fundadas y dirigidas por mujeres, constituyéndose en un brazo fuerte que apalanca la economía nacional.

La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio y el DANE, afirman que para el 2023, existían más de 5.18 millones de micronegocios en el país, de los cuales el 36% lideradas por mujeres; en el último año, se observa un crecimiento sostenido, alcanzando el 41,8%.

Varias iniciativas legislativas han contribuido a dinamizar diferentes sectores económicos con la impronta femenina. Según la Representante Dorina Hernández del partido Pacto Histórico, la Ley 1232 de 2008 y la Ley 2069 de 2020, Ley de Emprendimiento, establecen beneficios específicos para mujeres cabeza de familia que desarrollen proyectos productivos y microempresas. La ley obliga al Gobierno a crear programas de capacitación gratuita, redes de emprendimiento y líneas de crédito preferenciales para esta población.

La congresista Angela María Vergara del partido Conservador por el departamento de Bolívar, recordó que existe otro programa del Gobierno Nacional que viene haciendo una excelente gestión en el empoderamiento económico de la mujer, se trata del Fondo Mujer Emprende, adscrito a la Vicepresidencia, que financia y fortalece emprendimientos liderados por mujeres urbanas y rurales para fomentar su autonomía económica y la cual ofrece capital productivo, asistencia técnica y líneas de crédito.

El Congreso sigue trabajando con nuevas herramientas legislativas que apalancarán aún más ese esfuerzo. La presidente de la Comisión de la Mujer, Marelen Castillo, señala que “la mujer en todos sus tópicos, como eje de toda familia, como cuidadora de sus hijos, proveedora del hogar, ha desarrollado una fuerza especial que aprovecha para sacar adelante ideas de emprendimientos y trabajos. Estos  aspectos los hemos tenido en cuenta para la creación y fomento de ayudas a través de leyes, pensando en ellas”.

Fuente: Ricardo Cáceres Acosta- Oficina de Información y Prensa 

Bogotá, 13 de mayo de 2026. (Prensa Cámara). La Comisión Séptima de la Cámara aprobó en primer debate una iniciativa que busca fomentar la vinculación laboral de comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom o gitanas en el sector empresarial colombiano.

El proyecto propone que el Ministerio del Trabajo otorgue un reconocimiento oficial a las empresas que acrediten estándares de inclusión étnica dentro de sus plantas de personal, promoviendo mayores oportunidades de acceso al empleo formal y participación en distintos niveles organizacionales. Contempla además, incentivos dentro de procesos de contratación estatal para las empresas que obtengan esta certificación.

“La inclusión no puede quedarse únicamente en el discurso. Este proyecto busca abrir oportunidades reales para comunidades que históricamente han enfrentado barreras en el acceso al empleo formal y a escenarios de crecimiento profesional”, afirmó la representante Astrid Sánchez Montes de Oca, autora de la iniciativa. “Estamos proponiendo un mecanismo que incentive buenas prácticas empresariales y que reconozca a quienes le apuestan a la diversidad y la equidad desde acciones concretas”, puntualizó la congresista.

Por su parte, el representante Germán Rozo, ponente del proyecto, destacó que la propuesta busca equilibrar desarrollo económico e inclusión social. “El Certificado de Responsabilidad Étnica Empresarial plantea herramientas para avanzar hacia mercados laborales más representativos y con mayores oportunidades para las poblaciones étnicas del país, respetando los principios de mérito, idoneidad y libre competencia”, señaló.

La iniciativa que contó con varias proposiciones de los representantes para garantizar su solidez y efectividad, continuará ahora su trámite legislativo en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Fuente: Lyz Catherinn Osorio Rodríguez-Prensa Cámara de Representantes

La arepa, símbolo de tradición y sustento para miles de familias, tendría por ley un Día Nacional y un registro único de productores que permitiría al Gobierno fortalecer e incentivar la economía popular en torno a este alimento emblemático.

Bogotá, 12 de mayo de 2026 (Prensa Cámara). La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley No. 412 de 2025, una iniciativa que busca exaltar la arepa como símbolo de la identidad colombiana, establecer su Día Nacional y reconocer al municipio de Ramiriquí, Boyacá, como la Capital Nacional de la Arepa.

La representante boyacense Ingrid Sogamoso, autora y ponente del proyecto, destacó que esta ley no es solo un acto simbólico, sino una herramienta de reactivación económica para miles de familias que dependen de este producto.

«La arepa no es solamente un alimento; es tradición, es cultura y es, sobre todo, economía popular. Este proyecto de ley lo que va a hacer es crear el Día Nacional, pero a la vez un registro único de productores de arepa para tenerlos identificados y poderlos incluir en bases de datos que le permitan al Gobierno Nacional incentivarlos y apoyarlos», aseguró la representante.

Puntos clave del Proyecto de Ley:

• Patrimonio Cultural Inmaterial: Se reconoce a la arepa como una manifestación cultural de importancia nacional, valorando la diversidad de técnicas e ingredientes en todas las regiones del país.
• Día Nacional de la Arepa: Se establece una fecha anual para celebrar este alimento, la cual coincidirá con el marco del Festival Internacional del Maíz, el Sorbo y la Arepa en Ramiriquí.
• Ramiriquí, Capital Nacional: El municipio es oficialmente designado como el epicentro cultural y gastronómico de este producto, fortaleciendo el turismo local y regional.
• Fomento a la Economía Popular: La creación de un Registro Único de Productores de Arepa permitirá que el Gobierno nacional brinde incentivos específicos para la producción y comercialización a nivel nacional e internacional.

Un logro para Boyacá y para Colombia

Durante la sesión, se enfatizó que este reconocimiento beneficia a los productores de todos los departamentos de Colombia donde se producen y manufacturan arepas. «La idea de este registro es poder incluir allí a personas de todo el país, de todos los tipos de arepas, para que reciban incentivos y ayuda en la comercialización de este producto insignia», señaló la representante Sogamoso.

Con la aprobación en este primer debate, el proyecto avanza hacia la plenaria de la Cámara de Representantes, buscando consolidar la protección de los saberes ancestrales y el fortalecimiento de la cadena productiva del maíz en Colombia.

Fuente: César Fuquen – Oficina de Prensa Cámara