Colombia no tiene una Ley para alertar y proteger a los sectores públicos y privados de la amenaza de ataques informáticos.

Además de una nueva norma que contemple acciones con respecto a este desafío, se debe modificar la Ley Estatutaria de Inteligencia.

El pasado 12 de mayo el mundo entero registró un ataque cibernético que afectó a organizaciones privadas y públicas en 74 países del mundo; entre ellos Colombia. Casi cuatro meses después, no son claras ni las cifras de afectados ni las consecuencias de un virus que perjudicó los sistemas Windows cifrando archivos de equipos afectados y de unidades conectadas en el país.

Un ejemplo de muchos que demuestran que a pesar de que la ciberseguridad, la ciberdefensa y la ciberinteligencia son ya una tendencia globalizada, Colombia no está preparada con infraestructura que permita minimizar esta amenaza. Apenas existen dos documentos Conpes que hablan sobre actividades de planeación, pero nada más.

Por esto, Andrés Felipe Villamizar, representante liberal a la Cámara por Bogotá, citó para el miércoles 16 de agosto un debate en la Comisión Segunda donde se proponen modificaciones a la Ley Estatutaria de Inteligencia (Ley 1621), pues claramente se quedó corta frente a la gravedad de este desafío.

También aseguró Villamizar que es necesaria una articulación entre los ministerios de Telecomunicaciones y Defensa, además de los organismos de inteligencia, el Congreso de la República y el sector privado para elaborar un proyecto de Ley que establezca las actividades que unifiquen las metodologías de trabajo y análisis que ayuden a las organizaciones a prepararse para afrontar estas nuevas amenazas.

El comando general cibernético de las Fuerzas Militares es un ejemplo de mecanismos que deberían estar funcionando en otros sectores públicos y privados del país.

El Representante propone en esa nueva norma la creación de un observatorio que no solo realice funciones de seguimiento y verificación, sino que también podría servir como sistema de alertas tempranas para el tema.