Fuente: Oficina de Prensa Cámara de Representantes

Preocupaciones, sin sabores, voces a favor y en contra suscitó el debate sobre la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que tuvo como escenario las Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara.

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, fue el encargado de encender la discusión pues trajo una lista de 13 puntos en los que hizo reparos a la aplicación de la normatividad creada bajo los acuerdos de paz.

Martínez enmarcó dentro de esa lista de cuestionamientos temas como el de poner punto final a las acciones penales en contra de los máximos cabecillas de las Farc, castigos a los disidentes y reincidentes como también a los que sigan delinquiendo después de haberse desmovilizado.
Otro de los puntos en los que el fiscal Martínez hizo reparos fue al del testaferrato, devolución de bienes y cumplimiento a las víctimas, tema en el que, según él, quedan muchos vacíos.

Ante esta andanada de críticas del Fiscal, algunos congresistas alzaron su voz de rechazo, entre ellos el representante del Polo Democrático, German Navas Talero, quien calificó al jefe del organismo investigador como “un enemigo de la paz”.

Para la representante Angélica Lozano el Fiscal exagera y lo que “quiere es retener competencias (…), el país está lleno de impunidad porque la Fiscalía no hace nada y ahora no quiere ni rajar ni prestar el hacha”, dijo.
 

La Congresista reiteró que el texto es débil y debe fortalecerse en la protección y la reparación a las víctimas. Así mismo, la Representante del Partido Verde expresó inconformismo sobre la participación en política de los máximos dirigentes del grupo guerrillero y exigió que primero deban ser condenados por la JEP para luego sí tomar curules en el Congreso de la República.

Para el presidente de la  Corporación, Rodrigo Lara, las inquietudes expuestas por el Fiscal deben ser tenidas en cuenta y deben ser analizadas con detenimiento para que la impunidad no vaya a quedar plasmada en la JEP. “Es muy preocupante que las Farc aún no haya entregado la totalidad de los bienes y si eso es así podrían recibir penas de 20 años y ser juzgados por la jurisdicción ordinaria”, recalcó Lara.

Y es que para el Fiscal todavía existen artículos que no dejan claro cuáles son las competencias de la Fiscalía y la JEP sobre la aplicación de penas a los que sigan delinquiendo con el narcotráfico. Tampoco queda claro si los actos de asonadas deben ser juzgados por la justicia especial y si los que deserten de la paz  y conformen grupos criminales pierdan privilegios y pasen a ser perseguidos por la Fiscalía. Hernán Penagos, ponente del proyecto, en tono conciliador, afirmó que las propuestas del Fiscal serán discutidas y esperan ser conciliadas para bien del país.