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En Cámara piden al Gobierno y sociedad más compromiso con familiares de miles de desaparecidos
14 Febrero 2018

Fuente: Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes.

 

Durante una Audiencia Pública liderada por los representantes Ángela Robledo y Alirio Uribe, así como por el senador Iván Cepeda, se insistió en que la desaparición forzada de ciudadanos, cuyo registro no oficial suma más de 96.000 posibles víctimas, es un delito de lesa humanidad que afecta la dignidad humana.


A juicio de la representante Ángela Robledo, el país tiene muy poca pedagogía sobre las víctimas del conflicto, la verdad y la reparación. “Hay que continuar con este tipo de trabajo porque se viene el despliegue de una nueva institucionalidad, de pensar en el lugar de las víctimas para reconstruir la verdad y encontrar, ojalá vivas a cientos de personas”, reafirmó.


Robledo desde el salón Luis Carlos Galán de la Cámara, dijo que otro gran reto es llegar a los territorios porque este es un país de sobrevivientes con más de 8.5 millones de víctimas y con la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Unidad para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas, se puede avanzar en la verdad y la reparación.


“Hay que ir más allá de la institucionalidad, hay que ir a la paz local, a la paz que se pacta, que se trabaja, a la paz de las relaciones con los demás”, insistió.


Según el representante Alirio Uribe, el país tiene una gran deuda con las familias de las personas que han sufrido desaparición forzada. “Estos crímenes son de lesa humanidad que afectan la dignidad humana y deben acelerarse los trabajos de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y de la Unidad de Victimas para que sus familiares no sigan con falsas esperanzas”, recalcó.


Verdad y convivencia
“La primera víctima de cualquier conflicto armado es la verdad y por eso es la primera que hay que restituir. Es el gran reto que todos tenemos. La sociedad colombiana debe comprometerse con los desaparecidos y sus familias para poder pasar esta página de dolor en Colombia”, explicó Uribe.


Para el sacerdote Francisco De Roux, presidente de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, lo que se busca es “la verdad del conflicto, de las víctimas y de todos los colombianos” y “el objetivo es conseguir la convivencia en todo el país”.


Paula Acosta, viceministra de Hacienda, precisó que ese despacho ya aseguró para la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos 22.000 millones de pesos y para la Comisión de la Verdad 18.000 millones,  logrados a través de la Oficina del Comisionado de Paz, la Alta Consejería para la Paz, el Departamento Administrativo de la Función, Minhacienda y la Alta Consejería para los Derechos Humanos, entre otras entidades.    


Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, sentenció que “estas víctimas no han sido agenda del Estado ni de la sociedad entera” y que las personas cuyo paradero se desconoce “nos hacen falta a todos los colombianos”.


En su opinión, hay que trabajar para que los cercanos a las víctimas por desaparición forzada puedan tener una participación concreta en el proceso de encontrar la verdad y la reparación.
Monzón reiteró que la idea es que la Unidad de Búsqueda garantice a las familias de las víctimas verdadera tranquilidad respecto a cada uno de sus delicados casos.   

 

Participación y no repetición
De acuerdo con Patricia Luna de Minjusticia, la JEP y la Comisión de la Verdad deben notificar a los familiares de todas las víctimas por desaparición forzada cuáles serán los mecanismos de participación en todo el proceso de verdad e indemnización.


En concepto de Alejandro Castillejo de Uniandes, la Comisión de la Verdad debe realmente crear una sensación que es posible transitar y alcanzar la reconciliación, mientras que Carolina López, secretaria Técnica de Movice-Caldas, considera que para lograr objetivos de verdad y reparación es esencial establecer responsabilidades colectivas del Estado.


“Hay que adecuar toda la estructura al verdadero desafío que plantean los desaparecidos”, señaló Francisco Andreu, de la Comisión Internacional de Juristas y Janeth Bautista de la Fundación Nidya Erika Bautista, recalcó que “si bien, la reconciliación es importante, la rudeza de la verdad es necesaria para no repetir lo que vivimos hasta hoy”.


Por su parte, Pablo Cala de la Mesa de Trabajo de Desaparición Forzada, explicó que todos quieren conocer la verdad pero ese anhelo se enfrenta a intereses de sectores políticos, militares y judiciales.

 

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