El trabajo en equipo de la rama legislativa ha logrado reducir su nivel de alerta de corrupción por primera vez en 10 años. El resultado se confirma luego del proceso de investigación y análisis que realizó Transparencia por Colombia a 167 entidades del Estado.

El logro histórico que obtiene la corporación fue calificado como un resultado valiosa por María Carolina Carrillo, Directora Administrativa de la Cámara de Representantes, pues por primera vez la entidad pública en una década bajo su nivel de alerta de corrupción.

Por esta razón, la actual dirección administrativa emprendió un trabajo riguroso con todo su equipo para responder a cada uno de los compromisos en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción desde julio de 2016.

“El compromiso de todo mi equipo, desde el primer minuto, ha sido con la transparencia, por eso hemos triplicado esfuerzos en cada paso que damos en la lucha contra la corrupción. Estos resultados son parte del compromiso que adquirí como directora administrativa y los vamos a sacar adelante”, afirmó Carrillo.

La investigación y análisis adelantado en el cuerpo colegiado reveló que por primera vez en diez años, después de permanecer en nivel alto de alerta en corrupción con un puntaje de 24.3 en el 2015, ubicándose en los deshonrosos primeros lugares. La Cámara de Representantes pasa al nivel medio con un puntaje de 61.3 y la meta será aparecer en la próxima medición en nivel bajo, respondiendo de esta manera al compromiso público adquirido con la institución pero también con la ciudadanía.

Proceso de evaluación

Desde hace varios años, Transparencia por Colombia realiza este proceso de análisis, con el objetivo de monitorear y evaluar los niveles de riesgos de corrupción en las entidades públicas de orden nacional, departamental y municipal. En esta oportunidad fueron analizadas 167 entidades del Estado y la investigación giro entorno a tres ejes básicos:

1. La visibilidad: La capacidad de la entidad para hacer visible de manera suficientes, oportuna, clara y adecuada sus políticas, procedimientos y decisiones.

2. La institucionalidad: La capacidad de la entidad para que los servidores públicos y la administración en su conjunto cumplan con normas y estándares establecidos para los procesos de gestión y finalmente

3. El control y la sanción: La capacidad de la entidad de generar acciones de control y sanción derivadas de los procesos internos de las mismas, de los órganos de control y de la apertura de espacios de participación.

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Fuente: http://valaaguelaquesipuedo.com