Fuente: Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes.

Nuevas alertas sobre posibles masacres en las regiones con presencia de cultivos ilícitos, como la ocurrida en Tumaco el 5 de octubre pasado, se advirtió en debate de control político realizado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes este lunes.

En el debate citado por los representantes Ángela Robledo (Alianza Verde), Alirio Uribe (Polo Democrático) y el senador Iván Cepeda (Polo Democrático), se expuso las respuestas de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Procuraduría, entre otros.

En su intervención la representante Ángela Robledo rechazó “la intervención represiva del Estado” en esta zonas, lo cual, según la congresista “ha provocado desplazamiento”. 

Advirtió que la masacre en la vereda El Tandil, del corregimiento de Llorente en Tumaco que dejó 26 personas muertas, se puede presentar en otras regiones del país. “Dejamos la alerta de lo que  puede ocurrir en otros territorios similares a Tumaco”.

Según la Representante, en el suroriente, suroccidente, Pacífico, y el Urabá- chocoano, presentan las mismas condiciones de Tumaco. Robledo denunció la presencia de 11 grupos ilegales al margen de la Ley  en Tumaco, por lo cual anotó, “se requiere  presencia institucional garante”.

Políticas fracasadas
Por su parte, el representante Alirio Uribe expresó que “la política de sustitución forzada y restitución violenta, son incompatibles”. 

El Congresista advirtió que se viene “atacando a los más débiles de la cadena, a campesinos, indígenas, a quienes no les queda otra opción”. 

A la vez se preguntó “¿Vamos a seguir masacrando a 100 mil familias que cultivan coca en el país?”, “No podemos seguir militarizando territorios cuando no hay trabajo”, agregó.

Durante su exposición, el Representante sostuvo que “si se sigue con esta política va a haber más masacres. Esta estrategia de erradicación forzosa se constituye en matriz de violencia”.

Por último Uribe pidió resultados de la Procuraduría y la Fiscalía sobre estos asesinatos.

Investigación
A su turno, el director de la Policía Nacional, general Javier Nieto, lamentó la pérdida de vidas en este hecho y afirmó que “hemos aportado toda la información. Somos los más interesados en que (esto) se aclare”.

Nieto detalló que en la actividad de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos la Fuerza Pública ha sido atacada 13 veces, dejando como consecuencia un policía asesinado, 12 policías heridos, un soldado muerto, un soldado herido, 13 erradicadores heridos y  65 policías secuestrados, posteriormente liberados. 

Por su parte, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos informó que en relación a la masacre del 5 de octubre hay 54 uniformados investigados, 14 de las Fuerzas Militares y 40 policías, de ellos cuatro suspendidos por control interno de la institución.

Sobre un segundo hecho en el que supuestamente fue atacada una Comisión de la ONU en la misma zona el 8 de octubre, se abrió investigación preliminar contra cinco policías, de los cuales dos fueron suspendidos. 

El Ministerio Público tiene tres meses para tomar una decisión, que pueden ser prorrogables otros tres, fallo que puede ser apelado en segunda instancia y tardar otros tres meses.

El Procurador delegado, Carlos Augusto Oviedo, precisó que se están tomando las declaraciones y recogiendo pruebas, y que pronto habrá decisiones. 
Asimismo, dijo que “no está claro quienes dispararon las armas. Por ello la investigación no se limita en hacer solo responsables a los miembros de la Fuerza Pública. No se descarta ninguna hipótesis”.

Finalmente el defensor del Pueblo, Carlos Negret, dijo que luego de hablar con la comunidad se estableció que “nunca hubo uso de tatucos”. Añadió que se va a seguir presentando este problema en El Retorno (Guaviare) El Tarra y Tibú (Norte de Santander).