Fuente: Oficina de Prensa Representante Martha Villalba Hodwalker  

La crisis política, social y económica por la que hoy atraviesan nuestros hermanos venezolanos no es ajena en el país. La falta de empleo, de alimentos, de medicinas, los abusos del gobierno y la violación constante de los derechos humanos, ha hecho que muchos de estos ciudadanos abandonen su lugar de origen en búsqueda de mejores oportunidades.

El panorama del éxodo masivo no se ve sólo en las ciudades colombianas que colindan con la frontera del vecino país, sino que la situación ya ha llegado a gran parte de la geografía nacional y hoy vemos, tristemente, la situación de venezolanos durmiendo en los pisos de las terminales de transporte, con niños en los brazos pidiendo ayuda en las calles, a mujeres jóvenes y embarazadas requiriendo atención hospitalaria por su condición, y a muchos trabajando en negocios informales para poder subsistir.

Pese a que no desconocemos los múltiples esfuerzos que desde la Cancillería y Migración Colombia se vienen haciendo ante tan complejo panorama, sobre todo para regular y garantizar que el ingreso, permanencia y la salida de estos ciudadanos se haga con el mayor orden y rigor posible, somos conscientes que debe haber mayor control y supervisión del Estado, sobre todo en las zonas fronterizas, que es por donde ocurre el mayor ingreso de estas personas  y en ocasiones surge de forma irregular.

Lo cierto, es que para un departamento como el Atlántico, las alarmas empiezan a encenderse y no es para menos, además de la llegada de venezolanos, también han empezado a retornar los colombianos que vivieron por mucho tiempo en ese país y que hoy claman ante el gobierno local, departamental y central, mayor atención para mejorar su condición de vida y la de sus familias.

La Cancillería y Migración Colombia, a través de un comunicado emitido el pasado mes de julio, anunciaron la creación de un “Permiso Especial de Permanencia (PEP)”, con el fin de “regularizar la situación migratoria de más de 150 mil ciudadanos venezolanos que, pese a habérseles vencido los permisos para estar en Colombia, no han abandonado el territorio nacional”.

Tras habilitarse el servicio en línea para la solicitud del PEP, el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, expresó que en las primeras 24 horas más de 22 mil ciudadanos venezolanos habían expedido su permiso para formalizar su situación en Colombia.

Por su parte, la gobernación del Atlántico hace lo propio censando a los connacionales que están retornando al departamento, principalmente a los municipios del sur -de donde la mayoría son oriundos- para determinar con exactitud el número de familias, edad, nivel educativo, entre otros datos que permitan tener un registro confiable para que estas personas puedan acceder a los derechos que por ley le corresponden, como educación y salud, entre otros.

Ante un alto índice de desempleo en el país, el aumento de la población, el crecimiento del empleo informal y la inseguridad, es urgente que se diseñe e implemente una Política Pública Integral de Migración, la cual contemple la participación de todas las entidades del Estado para que, responsablemente, se le dé un mejor tratamiento a la situación de los hermanos venezolanos que día a día llegan a nuestro país, con el fin de que no se perjudiquen, ni se le quiten oportunidades a los colombianos que aún no han logrado una estabilidad dentro de su propio territorio.

Para mayor información: Ketty Quiroz Tromp - Jefe de Comunicaciones

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